El proyecto del Gobierno socialista de implantar la asignatura “Educación para la Ciudadanía” de forma obligatoria ha producido una gran conmoción en la sociedad española. La oposición a la misma por parte de los obispos de mayor relieve, de organizaciones defensoras de la familia y de los mismos padres de los niños lo prueba.

 La asignatura de Educación para la Ciudadanía, estructurada en los reales decretos que desarrollan la  L.O.E., constituye no sólo una intromisión del Estado de la máxima gravedad en un área educativa cuya orientación corresponde por derecho primario a los padres, sino un instrumento inmoral de corrupción de las conciencias desde la más temprana edad mediante el adoctrinamiento sistemático en el relativismo moral y en la aceptación social de conductas contrarias a la Verdad y al Bien del hombre.

 Los contenidos sobre conductas sexuales depravadas, “memoria histórica” y ateísmo o indiferentismo religioso, entre otros, hablan a las claras del propósito no disimulado de los artífices de estos contenidos de moldear la personalidad de los educandos, y los padres tienen el grave deber de evitar que sus hijos reciban estas enseñanzas, ya sea oponiéndose a la asignatura en concreto, ya sea vigilando los contenidos que reciben en el resto de asignaturas.

 Con los nuevos contenidos que se pretenden normalizar con la L.O.E. el estado liberal y revolucionario ha llegado al cénit de su satánico afán de apoderarse de la conciencia de sus súbditos. Todo bajo el señuelo de la  Libertad. Hemos de señalar que la implantación de una asignatura de este tipo de forma universal y obligatoria para todo tipo de colegios independientemente de su titularidad es posible debido al nefasto principio del monopolio estatal de la enseñanza.

 En su oposición a un liberalismo como el que inspira este nuevo proyecto totalitario, el Carlismo se ha manifestado siempre defensor a ultranza de la libertad de enseñanza. Ha negado al estado liberal no sólo el derecho a monopolizar la enseñanza, sino hasta la capacidad de enseñar. El Estado liberal no profesa ninguna doctrina, es neutro (eso vienen diciendo), y no puede enseñar lo que no profesa. Sin embargo, la situación sobrevenida pone de relieve, una vez más, el carácter profundamente totalitario del sistema político vigente, destructor en la práctica de las libertades sociales e individuales más elementales. El supuesto carácter neutro del Estado en materia ideológica y religiosa revela su verdadero rostro anticristiano por la vía de los hechos consumados. La alegación de la vulneración de derechos fundamentales en este caso (arts. 16 y 27.3, referentes a la libertad ideológica y al derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones) puede revelarse inútil ante los tribunales por entrar en contradicción con otros principios constitucionales.

 Es, por tanto, deber de esta Comunión insistir una vez más en la denuncia de las carencias fundamentales del sistema político vigente y en la necesidad apremiante de revisión de sus premisas constitucionales.

 La historia de los siglos XIX y XX nos habla de la labor lenta y constante de los gobiernos liberales por imponer a los españoles una educación dirigida por el Estado y tendente a la descristianización de España. Si no lo logró fue por carencia de medios y no poder prescindir de la labor educativa de los religiosos.

 En el orden práctico, en el reducido espacio del País Vasconavarro, durante el tiempo limitado que gobernó el Carlismo, la educación se desarrolló con la máxima libertad para los centros de enseñanza: Universidad de Oñate, Escuela de Medicina en Estella, Colegios de enseñanza media en Tolosa y Orduña.

 Un atento estudio de la enseñanza en España nos demostraría los males que a la misma causó el monopolio estatal que determinaba planes de estudio, títulos universitarios y competencias para los mismos. Como prueba diremos que la primera facultad de Ciencias Económicas se estableció por iniciativa social, mucho antes de que el Estado diera carácter oficial a tales estudios en sus universidades. De iniciativa privada fueron los primeros centros de formación profesional.

 Por eso en escrito presentado el 10 de marzo de 1939 al entonces Jefe del Estado, la Comunión Tradicionalista, declaraba “(...) frente al funesto sistema del Estado pedagogo, destructor insensato de nuestras antiguas Universidades y Colegios Mayores y que tantos males acarreó para la cultura patria durante el curso del pasado siglo, el Estado, restaurador de la gloriosa Tradición nacional, proclamará el principio castizo y salvador de la libertad de enseñanza” (1939).

 La Comunión Tradicionalista Carlista (CTC), anima a los padres de niños estudiantes a que se organicen y resistan la asignatura por todos los medios legítimos a su alcance, bien sea mediante la alegación de la vulneración de derechos fundamentales, a poder ser de forma colectiva, bien sea a través de cualquier otro medio válido en Derecho, salgan a la calle y, en fin, adopten cuantas medidas de presión sean necesarias para defenderse de los intentos revolucionarios de pervertirles, mientras estudia medidas concretas de actuación en este sentido. Aprovecha la circunstancia presente para pedir a los españoles que lleguen hasta las últimas exigencias frente al Estado y le digan, como se lo decimos nosotros, “ningún derecho tienes a monopolizar la enseñanza, ningún derecho tienes a erigirte en maestro”.

 Bajo el lema de Dios, Patria- Fueros y Rey, se encierra el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos.

Se facilita para su descarga un formulario para la presentación en el centro escolar en el momento de la matriculación.

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